Las cuestiones que llegan al Defensor del Pueblo europeo son muy variopintas, y van desde la mala administración del Palamento Europeo al conceder la licitación para adaptar a los discapacitados sus nuevos edificios, hasta las limitaciones que sufren los eurofuncionarios en su libertad de expresión.

En total, se han cursado ya 2.321 peticiones desde que nació la figura del ombudsman europeo. España ha presentado el 14% de ellas, colocándose en tercer lugar, por detrás de Francia (14,9%) y Alemania (14,7%).

Durante 1997, el ombudsman inició las investigaciones de 200 casos. 16 de ellos fueron resueltos por la intevención del defensor, 3 llegaron a acuerdos amistosos, 21 provocaron la crítica de Sderman a la institución implicada y en 59 casos no se encontró ningún fallo comunitario.

La mayoría (80%) de las quejas estaban dirigidas o motivadas por acciones de la Comisión Europea, mientras que sólo el 9% iba contra el Parlamento, un 7% contra el Consejo de Ministros y un 4% contra otras instituciones (Comité Económico y Social, Tribunal de Justicia....).

De todas las quejas presentadas, un 25% hacían referecia a la falta de transparencia y de información facilitada por las instituciones, un 17% a presunta discriminación y un 13% a la mala aplicación de procedimientos. Con un 9%, siguen el abuso de poder, los retrasos evitables y los casos de negligencia.

Por otra parte, el ombudsman ha iniciado también algunos procesos por propia iniciativa. Estas investigaciones especiales se centraron en la falta de transparencia a la hora de reclutar personal, los límites de edad impuestos a los candidatos y el escas o mal organizado acceso a los documentos de las instituciones comunitarios. Las dos primeras investigaciones continúan todavía en 1998.