Las misma fuentes indicaron que, en este aspecto, España figura por delante de Estados Unidos, Japón y todos los países desarrollados de Europa, tanto de la CE como de la EFTA. El segundo lugar lo ocupa Francia.

Además, la Administración española, desde la restauración de la democracia a finales de los años setenta, mantiene un alto grado de cumplimiento de los convenios firmados, similar a la media comunitaria.

De hecho, el número anual de quejas remitidas a la OIT contra el Gobierno se mantuvo en los nieles comunitarios, a pesar de la conflictividad generada en 1991 por disposiciones como la ley del control sindical de los contratos.

Por otra parte,, el Consejo de Ministros acordó ayer solicitar a las Cortes la derogación del convenio número 89 de la OIT, que prohibe el trabajo de las mujeres en la industria y la minería entre las 10 de la noche y las siete de la mañana.

La normativa, que permanece en vigor desde el 24 de junio de 1959, conculca los artículos 13 y 35 de la Constitución, que estblecen los principios de igualdad y no discriminación laboral por razón de sexo, según el Gobierno.

Además, esta normativa no era de aplicación a las mujeres que ocupan puestos directivos o de carácter técnico que entrañen responsabilidad ni a las empleadas en servicios de sanidad y bienestar que normalmente no efectúan tareas manuales.

Las fuentes del la oficina de la OIT en España consultadas por Servimedia indicaron que el convenio ahora denunciado por el Gobierno español está ya superado por tro, adoptado en junio de 1990.

Este convenio, que regula el trabajo nocturno de varones y mujeres, establece que a las segundas habrá que asegurarles una alternativa al trabajo nocturno antes y después del parto, durante un periodo de al menos dieciséis semanas.

El Gobierno no ha ratificado todavía este último convenio, circunstancia que, según la OIT, no tiene nada de extraño, ya que ninguno de los países miembros de la organización había dado ese paso al 1 de enero de 1991, última fecha para l que se dispone de datos.