En su comparecencia ante la Comisión de Defensa en sesión extraordinaria, a la que acudió sin ningún miembro de la cúpula militar como es habitual, Chacón detalló que la destrucción de las 5.589 municiones de racimo que hay en territorio español costará unos cuatro millones de euros.

Chacón asistió a petición propia para dar cuenta del proceso de eliminación y prohibición de las bombas de racimo aprobado el pasado 11 de julio en Consejo de Ministros en cumplimiento del convenio que más de un centenar de países acordaron en Dublín el pasado 30 de mayo.

La destrucción de las bombas de racimo comenzará en cuanto se formalice el contrato con la empresa encargada, fijado para el próximo mes de agosto. De esta manera, se prevé que se hayan destruido al menos cien municiones de racimo antes de entrada en vigor del convenio internacional, prevista en Oslo el próximo 3 de diciembre.

Chacón insistió en que con este proyecto España es "pionera" en la lucha contra las bombas de racimo y se "sitúa a la vanguardia del humanitarismo".

El plan va más allá de la destrucción material. La ministra anunció que las nuevas Reales Ordenanzas, que se aprobarán antes de fin de año, incluirán un capítulo dedicado a la ética en las operaciones militares.

Este capítulo incorporará los principales "deberes" en relación a los Derechos Humanos de tal manera que los militares tendrán "obligación" de conocer y difundir los convenios internacionales ratificados por España, en especial, los relativos a la protección de civiles y prohibición del empleo de ciertas armas.

Por otra parte, la titular de Defensa afirmó que se está elaborando un plan de compensación para las empresas afectadas por esta prohibición de fabricar las bombas de racimo.

Además, apuntó que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional destinará 4,4 millones de euros para la asistencia de las víctimas de artefactos explosivos.

ALEGRÍA OPOSICIÓN

Todos los diputados de la oposición mostraron su satisfacción por esta medida. La portavoz del Partido Popular, Beatriz Rodríguez-Salmones, mostró su "disgusto" porque la ministra no avanzó nada de este asunto en su comparecencia de líneas generales en el Congreso y ahora le da máxima prioridad. "Pasa de cero a cuestión estrella" en pocos días, manifestó.

Rodríguez-Salmones calificó este acuerdo de "hito histórico" por lo que espera que se acelere el plazo marcado por el Gobierno para acabar con estas municiones.

Por parte de CiU, el portavoz Jordi Xuclá, aprovechó para reconocer la labor de las ONG en este asunto, como también hicieron otros diputados, y señala a la ministra que "no era necesaria un comparecencia fuera de sesión parlamentaria", puesto que el acuerdo ya está aprobado y las Cortes poco tienen que añadir al mismo.

José Ramón Beloki, portavoz del PNV en la Comisión de Defensa dijo que se "alegra con modestia" porque todavía faltan muchos países que seguirán empleando las bombas de racimo.

El diputado de Izquierda Unida y portavoz del Grupo de ERC-IU-ICV en la Comisión de Defensa Gaspar Llamazares insistió en la necesidad de que desaparezca las bombas de racimo también de las "bases conjuntas" en las que España permite que operen otros países.

Además, le reprochó que "aún" se fabrican en España y comercian armas de este tipo o similar y se exportan a países en zonas de conflicto pese a que lo prohíbe la ley de Comercio de Armas.

Por último, la ministra de Defensa defendió su comparecencia porque tenía la "obligación" de explicar este proyecto aprobado en el pasado Consejo de Ministros del 11 julio, que lleva medidas de pronta ejecución.