El incumplimiento se centra en el mantenimiento en vigor en España de una normativa, contraria a la directiva, que excluye la realización en todo el territorio nacional de una evaluación de las repercusiones ambientales para determinadas clases de proyectos, que sí están recogidos en los anexos de la directiva.

De acuerdo con la directiva comunitaria, cada Estado miembro debe realizar, en cada caso concreto, un estudio de las aracterísticas de cada proyecto. A partir de ahí, se puede determinar, según la naturaleza, dimensión y localización del proyecto, si resulta necesaria una evaluación de las repercusiones ambientales de los proyectos o no.