La postura que defiende la delegación española no satisface los intereses de Francia y, fundamentalmente, Gran Bretaña, que son partidarios de implantar una moratoria de diez años.

Según las mismas fuentes, las autoridades españolas sólo aceptarían la implantación de una moratoria si existe la posibilidad de prorrogarla cuando expire el plazo acrdado.

Este convenio, que debe ser apoyado por Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Francia, España, Portugal, Noruega, Suecia, Finlandia y la CE, y cuya negociación comenzó hace dos años, sustituirá a los de Oslo (1972) y París (1974).

Greenpeace mantiene que entre los años 1967 y 1982 el Atlántico Nordeste recibió unas 85.000 toneladas de residuos radiactivos que contenían alrededor de 900.000 curios.

Las embarcaciones que realizaron estos vertidos arrojaron una pare importante de estos desechos en la fosa atlántica, cerca de las costas gallegas.

La organización ecologista insiste en que las autoridades británicas y francesas están esperando que concluya la moratoria para "librarse de su cada vez mayor volumen de residuos radiactivos, que se acumulan incesamente debido a su continua producción sin que se sepa qué hacer con ellos".