En mayo de 1991 la CE aprobó una directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas que obliga a los estados miembros a aumentar las actuaciones en materia de depuración de aguas.

La aplicación de esta normativa en España supone un gasto total para la Administración de alrededor de 1.300.000 millones de pesetas, de los que 80.000 millones de pesetas se invertirán en la puesta en marcha de sistemas de depuración y 500.000 en la implantación de colectores.

De esta cantidad, el 80 por ciento (1.040.000 millones de pesetas) deberá invertirse antes del año 2000, de acuerdo con la directiva comunitaria.

Según la Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente, la mayor parte del dinero previsto para los sistemas de depuración de aguas residuales se destinarán a la corrección de deficiencias en los ya xistentes. Actualmente, el 40 por ciento de la población es servida por este tipo de sistemas.

El informe señala que sólo un 7 por ciento de las poblaciones de las ciudades con menos de 10.000 habitantes cuenta con sistemas de depuración.

DEFICIENCIAS EN LOS SISTEMAS

Entre las deficiencias existentes en los sistemas de depuración de aguas residuales, el estudio destaca la utilización de tecnologías que no permiten alcanzar los rendimientos exigidos y la falta de instalaciones que permitan reducr los compuestos nitrogenados y del fósforo.

Actualmente, la Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente está realizando, en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos, un inventario actualizado de las instalaciones existentes para la depuración de las aguas residuales.

Este análisis se utilizará para redactar un libro blanco que, según los responsables del ministerio, servirá como base para las futuras actividades de planificación y desarrollo de la depurción de las aguas residuales en nuestro país.