El autor del estudio es el economista Angel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y ha sidopublicado en el último número de "Hacienda Pública Española", una revista especializada del Instituto de Estudios Fiscales, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con los cálculos efectuados por el investigador del CSIC, la renta per capita de España equivalía al 79,5% de la media comunitaria en 1993 y subió hasta el 82,4% en 2000, en lugar del 80,5% en que se habría quedado sin fondos comunitarios.

Es decir, que el diferencial de renta per capita se estrechó 2,9 puntos, en vez e sólo 1, como habría ocurrido en el caso de no recibir de la UE las subvenciones para infraestructuras, empresas y formación de trabajadores de las que se benefician las regiones del Objetivo 1, que son aquéllas cuya renta per capita es inferior al 75% del promedio comunitario.

En España están por debajo de ese umbral, y en consecuencia reciben subvenciones de los fondos estructurales, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Valencia, Extremadura, Galicia y Murca, además de Ceuta y Melilla.

MENOS DIFERENCIAS REGIONALES

Además, los fondos europeos no sólo sirvieron para acercar al conjunto de España a los socios europeos, sino que también atemperaron muy notablemente el crecimiento de las desigualdades entre las comunidades autónomas españolas.

En concreto, la renta per capita de las regiones del Objetivo 1, que en 1993 equivalía al 68,4% de la media del resto de España, bajó al 66,2% en 2001, lo que supuso una pérdida de 2,2 puntos. Pero la caída habra sido de 7,4 puntos, hasta el 61%, sin el efecto reequilibrador de los fondos europeos.

El autor de la investigación resume estos dos resultados señalando, por un lado, que "a nivel interno, las subvenciones comunitarias han reducido a menos de la mitad el incremento del diferencial de renta entre las regiones más ricas y las asistidas" y, por otro, que "aproximadamente dos tercios del acercamiento de la renta española al promedio comunitario registrado durante el periodo 1993-2000 es atribuible a esas ayudas".

Las ayudas comunitarias a las regiones del Objetivo 1, prosigue el estudio, "han aportado casi un punto anual a la tasa de crecimiento de las regiones asistidas y aproximadamente medio punto al crecimiento del producto agregado español durante un periodo de casi quince años. Aproximadamente dos tercios de estas contribuciones reflejan el impacto de las ayudas europeas 'per se', mientras que el tercio restante es fruto del esfuerzo inversor de las administraciones públicas españolas (en cofnanciación de proyectos)".

El autor concluye de estos datos que "resulta, por tanto, indudable que las subvenciones comunitarias han jugado un papel crucial en el proceso de convergencia de España hacia la renta promedio de la UE y en el mantenimiento de la cohesión interna de nuestro país".

Por esa razón, estima que no debe aplazarse más el debate sobre las consecuencias de la previsible reducción de ayudas a España en el próximo periodo de planificación comunitaria (2007-2013), sin esperar al cerre definitivo de las cifras, que probablemente no se producirá hasta el 2006.

"El impacto sobre nuestro país será sin duda importante", advierte, ya que, de mantenerse el actual umbral del 75% de la renta per capita media comunitaria, "sólo tres o cuatro regiones españolas (Extremadura y Andalucía, más posiblemente Galicia y Castilla La Mancha) quedarán dentro del Objetivo 1 y podrán, por tanto, aspirar a un volumen de ayudas comparable al que perciben actualmente".

PENOSO DILEMA

Según los cáculos del investigador del CSIC, "la previsible pérdida de una parte importante de las ayudas comunitarias a partir de 2006 tendrá efectos adversos potencialmente muy importantes tanto sobre el crecimiento agregado de la economía española como sobre su cohesión territorial interna".

A su juicio, "esto podría evitarse mediante un mayor esfuerzo presupuestario nacional, pero esta política exigiría sacrificios en la forma de recorte de otras partidas de gasto o de una mayor presión tributaria".

"Se os plantean, por tanto, decisiones difíciles en un futuro no muy lejano sobre las que convendría empezar a reflexionar. Una de ellas, de particular trascendencia política en el marco de nuestro estado autonómico, tiene que ver con el endurecimiento de la 'relación de intercambio' entre crecimiento agregado y cohesión territorial".

Esa "relación de intercambio" entre crecimiento del PIB y cohesión territorial es el dilema que se plantea por el hecho de que las inversiones en infraestructuras serían másrentables, en términos de crecimiento económico global, si se concentrasen en las autonomías más desarrolladas.

Sobre este dilema, el investigador del CSIC señala que "los fondos estructurales han contribuido de forma muy significativa al crecimiento de las regiones pobres", pero "hay que reconocer, sin embargo, que la decisión de concentrar recursos en las regiones más atrasadas, donde su rentabilidad es a menudo menor que en otras áreas, implica un importante coste de oportunidad y podría no ser óptmo desde el punto de vista del conjunto del país".