Dicha cifra equivale al 10,2% del total de autónomos existentes en la actualidad y supone un incremento del 70% respecto a cinco años atrás, cuando había 190.385 autónomos económicamente dependientes.

La figura de este tipo de autónomo queda regulada en el nuevo Estatuto que ahora se debate como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Allí se establecen derechos como el de 15 días de vacaciones garantizadas al año, pero también se regulan las obligaciones entre contratado y empresario.

Las comunidades con más autónomos dependientes son Andalucía, Madrid y Castilla y León, pero en peso de este colectivo sobre el total de autónomos destacan Baleares, donde uno de cada tres autónomos es económicamente dependiente, y Castilla-La Mancha (22%).

La mayor parte de los autónomos dependientes son hombres (69%), que tienen de 25 a 44 años (54,3%). Un 22% cuentan con entre 45 y 55 años; un 12% son mayores de esa edad y otro 12% menores de 25 años.

Más de la mitad de los autónomos dependientes se encuadran en el sector servicios (53%), destacando en él las ramas de comercio (21%) y transporte (20%). El tercer sector en importancia es la construcción (18%), frente a un 15% de agricultura y un 14% de la industria.

En cuanto a su nivel formativo, más del 80% de los trabajadores autónomos tienen estudios medios o superiores (32%), mientras que sólo un 2% no tiene formación reglada.

De los casi 325.000 autónomos económicamente dependientes existentes en la actualidad, el 16,3% son inmigrantes, en concreto 52.962, consecuencia del mayor peso de este colectivo en sectores como la agricultura, la construcción o el transporte.

La mayoría de estos autónomos (97,3%) cotizan por la base mínima y tienen una renta media de 14.200 euros. También son mayoría (87%) los que facturan a más de una empresa, aunque haya una principal que les aporta al menos tres de cada cuatro euros que ingresan.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirmó que la cifra de autónomos dependientes seguirá creciendo en los próximos años, al ritmo que marque la externalización de servicios por parte de las empresas.

Es una figura que no contenta ni a las asociaciones del sector ni al Gobierno, según agregó el director general de la Economía Social y el Trabajo Autónomo, Juan José Barrera, pero no se puede "mirar hacia otro lado" ante una realidad de más de 300.000 personas.

El Estatuto del Trabajo Autónomo, destacó el alto cargo del Ministerio de Trabajo, permitirá dar seguridad jurídica al autónomo dependiente y a la empresa que lo contrata, y también dará mayor protección social a ese trabajador.

Eso sí, Barrera advirtió que si el Gobierno detecta un trasvase de asalariados a la figura de autónomos dependientes actuará para evitar ese fraude de ley.