Vardakastanis, que está participando en Roma en los actos de clausura oficial del Año Europeo de la Discapacidad, aseguró que los avances legislativos más importantes durante 2003 los han promovido a nivel nacional los gobiernos español y belga.

La valoración positiva del trabajo realizado en España la comparte el subdirector del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), José Carlos Baura, quien confirmó que nuestro país ha recibido numerosas felicitaciones desde el ámbito europeo porla "intensa actividad" desarrollada en 2003.

Baura, que partipa como ponente en la clausura del Año Europeo, recordó que en el último año el Gobierno ha promovido el II Plan de Empleo para Discapacitados, el Plan Nacional de Accesibilidad, las leyes de Igualdad de Oportunidades y de Protección Patrimonial, así como el II Plan de Acción para este colectivo, la jubilación anticipada para los discapacitados más severos y la próxima transposición de la directiva comunitaria de no discriminación laboral.RETO EUROPEO

Por su parte, Alberto Arbide, comisionado para Asuntos Europeos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), declaró a esta agencia que 2003 ha servido para aumentar la "visibilidad" de las personas con minusvalías y potenciar el diálogo civil entre ONG y la Administración.

Sin embargo, se mostró más pesimista sobre la marcha de los trabajos de la futura Constitución Europea. Advirtió de que la toma de decisiones para evitar la discriminación por razón d discapacidad debería adoptarse en el seno de la UE por mayoría cualificada, y no por unanimidad -como está previsto-, para evitar asi que intereses particulares obstaculicen decisiones colectivas.

También acudiá a Roma el español Miguel Angel Cabra de Luna, miembro del Consejo Económico y Social Europeo y representante de Fundación ONCE. En su opinión, el gran reto, una vez finalizado 2003, sera la consolidación y aplicación real de los derechos sociales de los más de 37 millones de europeos discapactados.

Cabra de Luna apostó por una directiva especifica sobre discapacidad de caracter transversal, aunque reconoció que son muchos los países miembros de la UE que antes deberían fortaleceer sus propias legilaciones nacionales en esta materia.

"Los discapacitados son ciudadanos con plenos derechos. La economía de la UE no puede renunciar a la capacidad de estas personas para generar recursos a traves del empleo, el ocio o el resto de actividades cotidianas", concluyó.