Así lo atestiguó este colectivo en un comunicado emitido hoy con motivo de la conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia en el que puso de manifiesto que la aprobación de una ayuda universal para la crianza, la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia o la transformación del sistema de protección y puesta en marcha de medidas efectivas para promover el acogimiento familiar representan “algunos de los retos de cara a esta legislatura para avanzar en el pleno disfrute de derechos de las niñas, niños y adolescentes”.

La Plataforma de Infancia recordó que España es el segundo país de la UE con la tasa más alta de pobreza infantil y “uno de los pocos” que carece de una ayuda para apoyar a las familias en la crianza. En ese sentido, su director, Ricardo Ibarra, apuntó que “nuestro país es poco eficaz en la lucha contra la pobreza infantil, las prestaciones sociales que existen actualmente sólo alcanzaron al 9,2% de las niñas, niños y adolescentes en 2023 y tan sólo lograron reducir la tasa de pobreza en 5,9 puntos, cuando la media europea se aproxima a los 14 puntos”.

En lo referente al sistema de protección, esta organización subrayó que más de 17.000 chavales viven y crecen en recursos residenciales, de los que más de mil tienen menos de seis años, “a pesar de que todas las recomendaciones internacionales y nuestra ley establecen que deberían vivir con una familia”.

Ante esta situación, Ricardo Ibarra reclamó la puesta en marcha de “medidas efectivas para garantizar un cuidado alternativo de calidad y que garantice los derechos de la infancia, como por ejemplo que ningún niño o niña de cero a seis años viva en un centro residencial”.

Por su parte, la Plataforma de Infancia mostró su preocupación por la “situación insostenible” de muchos menores no acompañados que llegan a las costas españolas, ya que “la saturación de algunos sistemas de protección y la falta de mecanismos de solidaridad interterritorial impiden que se garanticen sus derechos”.

Por esa razón, pidió que “se dé una respuesta basada en las responsabilidades compartidas de las diferentes administraciones que ponga el interés superior de los niños y las niñas en el centro y que garantice el acceso individualizado al sistema de asilo”.

La Plataforma de Infancia transmitió la importancia de “crear entornos seguros y libres de violencia para la infancia y la adolescencia”, especialmente en el ámbito educativo y de ocio y tiempo libre, teniendo en cuenta que al menos un 20% de los chavales sufre algún tipo de violencia sexual antes de su mayoría de edad.

Por último, precisó la necesidad de que la especialización de los juzgados para menores víctimas de violencia que ahora mismo se encuentra en la última fase de aprobación “sea lo más garantista posible para evitar su victimización secundaria”.