El convenio europeo, que surgió de una iniciativa española, tiene por objeto la regulación de un certificado de vida que sea reconocido por todos los estados miembros y esté dispensado de traducción, legalización o cualquier formalidad equivalente.

En su articulado se establece un modelo común de certificado, pero no altera su procedimiento de expedición, que se hará en cada país conforme a sus respectivas normas internas.