Los países firmantes de este acuerdo, auspiciado por Naciones Unidas, se comprometen a adaptar sus respectivos Códigos Penales a las directvas que en él se acuerdan y que intentan combatir una lacra que suele tener carácter transnacional.

Esta decisión del Ejecutivo se une a la ya adoptada hace dos semanas, en el Consejo de Ministros del 14 de julio, por la que se autorizó la ratifiación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la prohibición de las peores formas de trabajo infantil.

El acuerdo obliga a los Estados miembros a adoptar medidas eficaces para conseguir la prohibición y eliminación de la explotación laboral infantil.