El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el que está integrada la Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente, siempre ha conicionado su total apoyo a la directiva a la creación de un fondo exclusivo para la conservación de la naturaleza.

España acoge el 40 por ciento de los espacios protegidos de toda la CE y en el caso de aprobarse la normativa comunitaria contaría con 114 zonas consideradas de "especial protección", según el diputado del PSOE Javier Tárrega.

Los datos facilitados por la propia Administración revelan que nuestro país gasta anualmente unos 7.000 millones de pesetas en el cuidado del medio ambiente, delos cuales, entre 2.500 y 3.000 son aportados por el Gobierno central y el resto por las comunidades autónomas.

7.000 MILLONES

Por ello, las mismas fuentes señalaron que la cuantía total del fondo comunitario debería oscilar en torno a los 7.000 millones de pesetas, de los cuales, entre un 40 y un 50 por ciento tendrían que ir destinadas a la protección de los espacios naturales españoles.

Asimismo, insistieron en que "Gran Bretaña no es favorable a la creación del fondo porque no está dispuest a que nadie la vigile y controle".

El secretario de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente, Vicente Albero, manifestó recientemente en un encuentro con periodistas que "no es suficiente que se regule un sistema de financiación, sino que debe ser una financiación suficiente para hacer frente a los gastos que se producirían (de aprobarse la directiva)".

OPTIMISMO

Sin embargo, Albero se mostró optimista ante la reunión que el Consejo de Ministros de Medio Ambiente mantendrá el próimo mes de diciembre, en la que podría ser aprobada definitivamente la norma.

Otro de los problemas que han surgido en anteriores negociaciones ha sido la negativa de España a considerar excepcional el modelo de cofinanciación que solicita, condición que rechazan Alemania y los países nórdicos.

Diversos grupos conservacionistas nacionales han acusado reiteradamente al Gobierno de Felipe González de obstaculizar la aprobación de la directiva.