En un comunicado, JpD pide el esclarecimiento urgente de o ocurrido y la depuración de responsabilidades. "Las consecuencias para la misma democracia pueden ser devastadoras, por la pérdida de sentido que se deriva del miedo a comunicarse en condiciones seguras. Posiblemente este temor alimente otros y ayude a desmovilizar la creencia en las libertades".

Para JpD, cuyos responsables recuerdan que el sistema democrático no sólo declara en la Constitución una serie de derechos fundamentales y libertades públicas, sino que además se los garantiza a los ciudadaos, la gravedad de lo denunciado radica en que los organismos oficiales "se han dedicado justo a lo contrario" de lo que es su específica obligación, la de actuar para la salvaguada del sistema democrático de valores.

Esta asociación recuerda que la Constitución habla del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas, "sin el cual sería insoportablemente mermada la intimidad de las personas, la imprescindible privacidad sin la que nadie puede, razonablemente, vivir".

Por ello, ueces para la Democracia anima a jueces y fiscales a que, en el caso de que se confirmen los hechos denunciados, actúen "con arreglo a la legalidad democrática en defensa del sistema constitucional de derechos".

ESCUCHAS AL REY

Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Ramón Rodriguez Arribas, advirtió, en declaraciones a Servimedia, que aunque las intervenciones de teléfonos móviles por parte del CESID no sean delito de escucha por falta de legislación en lo 80, sí hay delitos contra la seguridad del Estado en las grabaciones al rey Juan Carlos, ya que, como dice la Constitución, la persona del monarca es inviolable.

Rodríguez Arribas, quien señaló que las personas víctimas de estas escuchas pueden interponer una demanda si consideran que sus derechos a la intimidad y al honor han sido vulnerados, insistió en que estos hechos tienen que ser investigados para luego ver "si hay delito, qué delito y si prescribe algo o no".