Mientras tanto, las ocho personas detenidas en relación al presunto espionaje al diario "La Vanguardia", entre las que se encuentra un ex jefe del CESID, están prestando declaración durante la jornada de hoy en las dependencias de la Jefatura de Policía de Barcelona. Fuentes del rotativo afirmaron que desconocen la marcha de las investigaciones.

Las mismas fuentes indicaron que el casollegó al Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, cuyo titular es Eduardo Navarro Blasco, el pasado jueves por reparto, y que en el mismo momento en que el magistrado tuvo conocimiento del mismo decretó secreto de sumario.

Los detenidos en relación a la red de escuchas telefónicas están acusados de los delitos de extorsión y revelación de secretos. La trama tenía presuntamente bajo su control las comunicaciones del presidente-editor de "La Vanguardia", Javier de Godó.

La policía interceptó yer cintas con más de 100 horas de grabaciones ilegales a empresas durante la operación de registro realizada en el mismo periódico -donde Fernando Rodríguez González, ex coronel del CESID de 52 años, trabajaba como asesor en seguridad-, en los domicilios del resto de detenidos y en la sede de la empresa Boadcast, que actuaba de tapadera de la red.

El consejero secretario de "La Vanguardia", Joaquim Forn, manifestó hoy que la empresa no tenía conocimiento de las investigaciones judiciales que se estabn realizando hasta que ayer la policía se presentó en el rotativo con el objetivo de realizar registros.

Joaquim Forn agregó que Fernando Rodríguez González fue contratado a finales del pasado verano con el fin de asesorar sobre los sistemas de seguridad de la empresa.

Además de Rodríguez González, también estaban empleados en el periódico otros dos implicados en la red de espionaje: Miguel Luis Izquierdo Guillén, de 41 años, que era jefe de seguridad, y el chófer y escolta del presidente de "La anguardia", Salvador Daroqui González, de 47 años.

Fuentes judiciales indicaron que los detenidos podrían pasar mañana a disposición judicial y que las primeras investigaciones del caso fueron llevadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, que se inhibió a favor de la Audiencia de Barcelona.