Según explicó el abogado de Perote, Jesús Santaella, Perote se acogió a su derecho constitucional a no declarar hasta "tanto se determine, por quién corresponda, cuál haya de ser, finalmente, la jurisdicción competente para conocer de estos hechos".

Perote, que debió declarar esta mañana, fue finalmente citado esta tarde para comparecer ante la magistrada en calidad de imputado, en relación a la querella interpusta por el director del semanario Epoca, Jaime Campamy, quien también demandó al director en funciones del CESID, Emilio Alonso Manglano, a quien acusa de interceptación ilegal de escuchas, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Sin embargo, la comparecencia de Perote ante la magistrada tan sólo duró unos 10 minutos, en los que la magistrada le comunicó "tanto de los aspectos básicos que han justificado las diligencias que por ella se han iniciado, como de los derechos que asisten a mi defndido", según Santaella.

El abogado añadió que, tras serle comunicado a su defendido los delitos que se le imputan, cuyo contenido no quiso revelar, alegando el secreto de las actuaciones, Perote se negó a declarar, explicando y poniendo en conocimiento del juzgado que sobre los mismos hechos ya está instruyendo el sumario 01/0295 el Juzgado Central Togado Militar número uno. Por ello, Santaella señaló que Perote se acogió a su derecho constitucional a no declarar hasta que se determine su situación pocesal.

Según el abogado, aunque es posible que la tipificación de las conductas puedan implicar delitos distintos, la raíz de la investigación es exactamente la misma, es decir, las escuchas ilegales realizadas por el CESID, "por lo que mi defendido podría entender conculcado su derecho de defensa, cuando sobre los mismos hechos, con independencia de la tipificación jurídica de las conductas, debe hacerlo (declarar) ante jurisdicciones distintas".

A su juicio, "eso no es posible jurídicamente dede la perpectiva de un derecho de defensa y desde la perspectiva de un derecho a la tutela judicial efectiva".

Santaella añadió que ahora "con sosiego" estudiará, con su defendido, cuál es la actitud procesal que adoptará, bien en beneficio de la jurisdicción militar o de la civil.

El abogado señaló que, ante la negativa de Perote a declarar, el fiscal del caso no hizo ninguna observación ni la jueza adoptó ninguna medida cautelar contra su defendido, que se encuentra en situación de prisión, dicada por el juez militar, por lo que "no se puede adicionar a una situación de privación de libertad una nueva situación de privación de libertad".

Asimismo, Santaella tampoco quiso avanzar cuales serán las actuaciones conjuntas que hará junto con su defendido, porque sería "una irresponsabilidad como profesional", y reiteró que estudiará con Perote qué medidas adoptarán.

El letrado, que señaló que Perote no ha sido, por el momento, citado nuevamente a declarar ni por el juzgado militar ni por el ivil, explicó que éste se encuentra "extraordinariamente bien, tranquilo, sereno, deseoso de que se transmita que no ha revelado nada, que no ha denunciado nada y que no ha acusado a nadie".

Agregó que "lo que está es sorprendido de defenderse ante jurisdicciones distintas por los mismos hechos", por lo que indicó que su obligación como abogado es transmitirle tranquilidad, "en el sentido, de que esto tendrá que tener una solución jurídica y desde luego seguro que la va a tener".

Al igual que hiz esta mañana, Santaella agradeció tanto al juzgado número 43 como al decanato por el "respeto escrupuloso" que han realizado de las normas procesales en vigor respecto a los derechos de los militares detenidos, quienes deben permanecer cuando se encuentran en esta situación en unas dependencias no militares separados del resto de los reclusos.

Por ello, Perote, que había acusado a los juzgados de Madrid pasadas las 11 de la mañana, permaneció aislado en uno de los calabozos de los juzgados hasta que fe conducido al juzgado número 43, desde donde posteriormente partió, nuevamente, a la prisión de Alcalá Meco.

Asimismo, Santaella reiteró nuevamente su agradecimiento por las medidas adoptadas en el sentido de impedir el acceso de los medios de comunicación al interior del edificio judicial, lo que, en su opinión, sirvió para "salvaguardar los derechos de las personas que en una u otra dirección están interviniendo las presentes diligencias".

La adopción de estas medidas provocó que los periodists desplazados a los juzgados de Madrid interpusieran una querella ante el decanato.

Por otro lado, el teniente general Emilio Alonso Manglano, director en funciones del CESID, acudió esta tarde a los juzgados de Plaza de Castilla, al parecer, para prestar declaración como imputado ante la jueza Coronado.

Manglano accedió a las dependencias judiciales a través del garaje, sin que pudiera ser abordado por los medios de comunicación.

Tras la declaración de Manglano, la jueza podría decidir si l impone una fianza de un millón de pesetas que solicitó el fiscal del caso tras ser admitida a trámite la querella contra él presentada por Campmany.