Según dijo Sala a la Ser, en asuntos como éste la Justicia puede hacer mucho en aras a garantizar el derecho constitucional a la intimidad, al honor y a la propia imagen, así como al secreto de toda comunicación.

"El Código Penal castiga precisamente a quien interceptare estas conversaciones o utilizare mecanismos, artilugios o artefactos de reproducción, grabación o escucha sin el cnsentimiento del interesado y para averiguar sus secretos o su intimidad", continuó. "Por consiguiente, esto es un delito, y como es un delito sin duda alguna la Justicia tendrá que depurar las posibles responsabilidades penales o criminales que puedan resultar de estos hechos".

Agregó que su reacción ante "la vulneración de una libertad fundamental para alguien que sea demócrata (...) es de repulsa total a que pueda invadirse la intimidad, los secretos de una persona por cualquier motivo sin cumplir recisamente las previsiones que una democracia establece".

Sala agregó que, en casos como éste, los ciudadanos deben confiar en la Justicia española, porque "es tan independiente como la más independiente que pueda existir en un Estado de derecho". Por ello, no le cabe duda que las acciones emprendidas conducirán al esclarecimiento y al castigo de los responsables, si es que hay responsabilidades penales. "Yo creo que el ciudadano tiene confianza en la Justicia española", aseguró.