La defensa de Campmany ha dirigido la querella tanto contra Alonso Manglano como contra las demás personas que pudieran haber intervenido en la comisión de delitos, entre los que figuran el responsable del departamento del CESID que supuestamente realizaba las escuchas, el coronel Juan Alberto Perote.

Asimismo, los abogados de Campmany han solicitado a la jueza la entrada y regitro en la sede del CESID, así como la incautación de las cintas y el material que pudieran haber servido para la comisión de los delitos.

El auto en el que Coronado acuerda el secreto de actuaciones lleva fecha de ayer, 21 de junio, mientras que el que admite la querella de Campmany es del día 20.

En el primero, María Jesús Coronado argumenta que "procede, al amparo del artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acordar el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes, en orden a hace posible la instrucción del presente procedimiento y garantizar la eficacia de la investigación, sin perturbación alguna que ponga en peligro el logro de la misma, a lo que se une la delicada naturaleza de los delitos que se investigan".

Asimismo, la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid admite la querella contra Manglano y otros miembros del CESID por los delitos de funcionario contra el ejercicio del derechos de las personas (interceptación de comunicaciones privadas), prevaricacióny malversación de caudales públicos.

La jueza María Jesús Coronado investiga el caso de las escuchas del CESID desde el pasado 20 de junio, una vez que comunicó al fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, que se hacía cargo de la investigación, al admitir a trámite la querella de Campmany.

Coronado tiene ahora en su poder las diligencias practicadas por el fiscal Fernández Bermejo, quien ha solicitado para Manglano una fianza de un millón de pesetas para no ir a la cárcel.

Esta cantdad es proporcional, según el fiscal, a la pena contemplada en el momento de la supuesta comisión de estos delitos (a partir de 1991), que es de arresto mayor: de un mes y día a seis meses.

Hasta que el caso pasó a manos de la jueza Coronado, el fiscal jefe de Madrid ha investigado, por orden del fiscal general del Estado, Carlos Granados, las escuchas del CESID al Rey, políticos, empresarios y periodistas.