En opinión de Granados, las escuchas constituyen un "supuesto gravísimo de ataque a los derechos protegidos por la Constitución" y anunció que la fiscalía está estudiando "con lupa" los artículos del Código Penal que podrían haber sido vulnerados con la interceptación ilegal de as comunicaciones, ya que, según explicó, no existe jurisdicción de la reforma legislativa sobre esa materia realizada en 1994.

Además, anunció que la petición hecha por el Gobierno en el sentido de interesarle para que ejerza acciones penales contra los responsables de los "pinchazos", de la revelación de los mismos y de su divulgación será sometida a una próxima Junta de Fiscales de Sala con el fin de actuar según su criterio.

Según Granados, en la actualidad la Fiscalía General está estudiandocon rigor todos los aspectos de este escándalo ya que, según precisó, su tipificación plantea diversos problemas, como es el definir si los posibles delitos ya han prescrito o se trata de delitos continuados.

Por su parte, el presidente del Constitucional señaló que las grabaciones del CESID son "un hecho gravísimo que constituye una clara y abierta vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos" y, en concreto, del derecho al secreto de las comunicaciones.

INADMISIBLES

Rodríguez Breijo, que insistió en que las grabaciones son "ilícitas sin ninguna duda", agregó que las escuchas son unos "hechos inadmisibles bajo todo punto de vista en un estado democrático y de derecho" y destacó que los ciudadanos "tienen derecho a que estos hechos se depuren" y se garantice que no puedan reproducirse.

A su juicio, tan grave es este hecho en sí como la preocupación que generan en los ciudadanos las escuchas y el hecho de que los servicios de información que legítimamente el Estado debe tener ara su defensa puedan ser utilizados para fines distintos a los que la Constitución ha previsto.

Además, dijo que también es "preocupante" que una información de ese carácter pueda ser difundida "con grave riesgo para el Estado y grave daños para las personas involucradas".

El presidente del Tribunal Constitucional afirmó que es preciso organizar los servicios de información del Estado de manera que no sea posible que una información que, en su opinón, es legítima dentro de los límites que prevé a Constitución, es decir, bajo autorización judicial, "pueda ser manipulada, pueda ser difundida fuera del estricto ámbito de ese servicio".

Finalmente, tras resaltar que corresponde a jueces y tribunales resolver este escándalo, no quiso dar una interpretación sobre el interés que hay detrás de la difusión de las grabaciones, alegando que carece de elementos de juicio.

El fiscal general del Estado y el presidente del Tribunal Constitucional hicieron estas manifestaciones hoy en Miraflores de la ierra (Madrid) en el Curso de Periodismo Jurídico de "El País" y la Universidad Autónoma de Madrid.