En declaraciones a Rne, Alvarez de Miranda comentó que en su decisión de investigar de oficio si se ha vulnerado el secreto de las comunicaciones no hay "ningún matiz político".

"Hay", añadió, "lo que nos encomiendan las Cortes Generales, que es la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En tal sentido es en el que nosotros nos sentimos obligados e impulsados para actuar".