Según han indicado a Servimedia fuentes del sector de empresas de seguridad yde la propia Administración, el Centro que dirige el general Emilio Alonso Manglano tiene la potestad de revisar y certificar cualquier aparato que se ofrezca a la Administración para garantizar la confidencialidad de las comunicaciones.

Sin la expedición de dicho certificado, añadieron, no es posible colocar un secráfono en ninguna instancia oficial, bajo el pretexto de que esta actividad se inscribe dentro de las materias clasificadas.

Esta capacidad del CESID le permite tener conocmiento puntul de cada uno de los sistemas que hay instalados en organismos públicos y su ubicación precisa, añadieron.

Las mismas fuentes señalaron que este procedimiento preceptivo puede suponer verdaderas parálisis en la comercilización de aparatos a instituciones que supuestamente podrían estar interesadas en su instalación.

Para los empresarios de empresas de seguridad consultados, este es uno de los factores que frena el desarrollo del mercado de instrumentos contra los "pinchazos" telefónicos, al timep que critican la escasa atención prestada por altas instancias del Gobierno a las inicitivas surgidas en el seno de la Unión Europea para homologar y unificar criterios tecnológicos en este segmento del mercado.