"El entrar a hacer escuchas telefónicas sin que previamente exista una autorización judicial es algo horrendo y despreciable que, desde luego, en mi moral y en mi capacidad profesional no caben", señaló.

"En cuanto a las responsabilidades", continuó, "entiendo que habrá que depurarlas, pero para ello lo que se necesita primero es un esclarecimiento. Ya no me refiero a un esclarecimiento en manos de la Justicia, sino un esclarecimiento de seguir el escalafón de quiénes estabn informados y quiénes habían autorizado el que se procediese a desarrollar una labor tan repugnante como es entrar en la intimidad de las personas sin una autorización previa".

Por su parte, el secretario general de Eusko Alkartasuna, Rafael Larreina, ha enviado un escrito a la Mesa del Parlamento vasco en el que solicita de la Administración del Estado una relación de personas o instituciones relacionadas con la Comunidad Autónoma Vasca que aparecen en los listados de las grabaciones realizadas por l CESID.

Larreina justificó su petición en que "dichos listados pueden haber supuesto una violación de derechos que el ordenamiento jurídico estatal, la legislación vasca y el propio reglamento de esta Cámara recogen y protegen".