En la tribuna del Congreso, Escrivá subrayó que la norma es la “culminación de un proceso prolongado, dialogado y consensuado de modernización del sistema público de pensiones”.

El ministro explicó que la aprobación de este decreto “culmina” los hitos del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que han ido siendo “evaluados satisfactoriamente” por Bruselas en los sucesivos desembolsos realizados. La aprobación de la reforma facilitará que las instituciones europeas concedan a España el cuarto pago de los fondos europeos.

Escrivá aseguró que el resultado es fruto del diálogo con los agentes sociales y en el parlamento y permite afirmar que cumplirán con el “mandato” del Pacto de Toledo, concretado en 22 recomendaciones. De hecho, aseguró que servirá de “referencia” para otros países europeos.

Para el ministro, esta reforma cumple con tres principios: garantizar la suficiencia del sistema de pensiones, reforzar la equidad y la solidaridad y robustecer su sostenibilidad.

En la primera cuestión, el ministro destacó la recuperación del derecho a la revalorización de las pensiones en base al IPC. “Con esta medida se evita un recorte extraordinario que los pensionistas habrían tenido que soportar de manera creciente en el tiempo”, destacó. Además, el sistema incorporara el complemento de brecha de género de 30,4 euros por hijo.

Respecto a la segunda, subrayó el “sistema dual” del sistema de cómputo, pues los ciudadanos podrán elegir entre el sistema actual de 25 años o un nuevo sistema que se irá instalando “progresivamente” que podrá descartar los dos peores años en los últimos 29 años de carrera laboral.

Asimismo, indicó que la reforma introduce el mecanismo de equidad intergeneracional, que favorecerá “especialmente a los jóvenes. Así, un joven de 25 años habría experimentado un recorte de entrada del 10% a añadir un recorte adicional del 30% por el mecanismo anterior, que se produciría en la década de los años 60, cuando ya hayan pasado los años de mayor tensión demográfica. “Es un mecanismo más justo que recupera el equilibrio entre generaciones y responde a la naturaleza transitoria del reto demográfico”, explicó.

Por último, apuntó que la reforma no supone “en ningún caso el deterioro de la competitividad” en España. Para Escrivá, el aumento de cotizaciones que exige la reforma es “razonable y perfectamente asumible”, ya que supone un incremento de 10 céntimos en el coste del trabajador en el corto plazo y llega a los 37 céntimos en el máximo a finales de la década de los 40.