Así lo indicó durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en respuesta a la pregunta parlamentaria del diputado Iñigo Barandiaran, del PNV, sobre “por qué deja desamparadas a familias con menores enfermos graves a su cargo, incumpliendo un acuerdo presupuestario de su ministerio con el Grupo Vasco”.

El pasado mes de noviembre de 2021, el Gobierno y el PNV llegaron a un acuerdo, en el contexto de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, para ampliar de 18 a 23 años la limitación de edad prevista para percibir la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

En su intervención, Escrivá puso en valor dicho acuerdo y resaltó que “no sólo elevamos la edad de 18 a 23 años”, sino que “lo extendimos a familias monoparentales y a situaciones en las cuales los chicos hayan tenido matrimonio”.

Asimismo, el ministro resaltó que en dos años se ha doblado el presupuesto para esta cuestión, pasando de 85 millones de euros a 161 millones, y que se da cobertura a unos 5.000 casos. “Parecen pocos, pero las situaciones son delicadas y graves”, resaltó el ministro en este sentido, para acto seguido señalar al diputado del PNV que “siempre estaremos de acuerdo con ustedes”.

Así, Escrivá explicó que existe “una situación transitoria en los regímenes de un cambio a otro que requiere de una corrección normativa que estamos ultimando para introducirla en la norma en cuanto tengamos oportunidad”.

Por ello, aseguró que “el compromiso es absoluto, no solo en lo que usted plantea, sino en más elementos que hacen el sistema más justo”.

Por su parte, Barandiaran inició su intervención señalando que “volvemos a las mismas con usted; siempre tenemos una interpretación técnica que nos sirve como barrera para el cumplimiento de los acuerdos”.

A este respecto, el diputado ‘jeltzale’ apuntó que “si hacía falta o no una modificación legal era el momento de aprobación de los Presupuestos cuando se debería haber terminado”. “Conocían perfectamente el texto introducido en los Presupuestos”, prosiguió el diputado vasco, para añadir que “no es de recibo que estemos a estas alturas escudándonos en esa interpretación técnica y en la necesidad de modificación de las normas para cumplir, no ya el acuerdo, sino las esperanzas que habían depositado muchos padres en la corrección de esa situación”.

Por ello, Barandiaran, que indicó que el coste de la medida es “una minucia”, exigió al Gobierno “que cumpla, no ya el acuerdo, sino que dé soluciones y evite el sufrimiento a estas personas”.

Ante estas críticas, Escrivá afirmó que la cuestión no es un problema presupuestario e insistió en que “hay un problema de transición que hay que resolver” y que en su departamento “lo estamos resolviendo”, por lo que “hacer de esto una categoría no me lo esperaba”.