Martínez Noval presentó en rueda de prensa una petición para que el fiscal genral del Estado, Jesús Cardenal, explique en la Cámara su política cuando afecta a personas aforadas.

Aunque no mencionan expresamente a Piqué ni el caso al que se refieren, los socialistas pretenden con esta iniciativa conocer los motivos por los que Cardenal apartó del "caso Ercros" al fiscal Bartolomé Vargas, partidario de inculpar al ministro ante el Tribunal Supremo.

Además, el portavoz socialista anunció que en fechas próximas su Grupo presentará diversas iniciativas para intentar demostrar ue el portavoz del Gobierno en funciones "mintió a esta Cámara" cuando explicó sus responsabilidades en Ercros.

"En este momento, se conocen actas de reuniones y comisiones de ese grupo empresarial, en las que lo que figura en relación con su participación, no es en absoluto lo que el señor Piqué aseguró en esta Cámara", argumentó.

Por todo ello, Martínez Noval concluyó que Piqué "no debería formar parte" del Gobierno. "Hace mucho tiempo que nosotros venimos sosteniendo que es indigno que el seño Piqué se siente en el Consejo de Ministros de España".

"MANGAS Y CAPIROTES"

Junto a lo presuntamente sucedido en Ercros, Martínez Noval recuperó la denuncia socialista acerca de comportamientos tributarios de Piqué "que no se correponden con la ley". "Hay normas fiscales vigentes en este momento en nuestro país con las que el señor Piqué hace mangas y capirotes", remachó.

Esgrimiendo todas estas denuncias, el portavoz socialista aseguró que cuando Piqué hablaba de "optimización fiscal" lo hací con un doble significado: el tributario y el judicial. "Le están optimizando fiscalmente en el terreno judicial por la vía de decisiones muy discutibles del fiscal general del Estado".

Por su parte, la secretaria general del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, se encargó de advertir a la Mesa de la Cámara que, tal y como han formulado la petición de comparecencia de Cardenal, "no se puede decir que no", porque no mencionan a Pique, sino que solicita información sobre "su política aceca de presuntos delitos cometidos por miembros del Gobierno que le nombró".

"En cualquier modelo de fiscal", explicó, "es evidente que cuando se trata del ejercicio de la acción penal referido a un miembro del Gobierno, hay que adoptar cautelas y garantías extremadas para garantizar la imparcialidad, cosa que en este caso no se ha hecho".