El titular de Trabajo, que compareci ante la Comisión de Política Social y Empleo, explicó que se trata de aplazamientos de pagos a la Seguridad Social, ya que estas cantidades están garantizadas por la empresa con avales bancarios e hipotecarios.

La mayor parte de las deudas corresponden a Fesa-Enfersa, un total de 8.000 millones de pesetas. El resto se reparten entre Rio Tinto Minera (2.322 millones), Nitratos de Castilla (1.560) y Asur (240 millones de pesetas).

Martínez Noval informó que los principales acreedores del grupo Ercos son el Ministerio de Economía y Hacienda, la Seguridad Social y Argentaria. El ministro explicó que si los aplazamientos de pagos se convierten definitivamente en deudas, primero deberá producirse el convenio de acreedores antes de que la Seguridad Social adopte alguna medida en esta materia.

La comparecencia del ministro se produjo algunas horas antes de la reunión que hoy mantendrán en Madrid responsables de los ministerios de Industria y Trabajo con los representantes de las comunidades autónoma afectadas por la crisis del grupo Fesa-Enfersa y los sindicatos para intentar buscar soluciones al problema que atraviesa el holding de fertilizantes.

La dirección de Fesa-Enfersa ha abierto un nuevo trámite de consultas previo a la presentación de un expediente que prevé el cierre de cinco factorías (Hodón y Escombreras, en Cartagena, San Jerónimo en Sevilla, Nicas en Valladoliz e IQZ en Zaragoza). Este expediente afecta a 1.159 trabajadores de las empresas que se pretende cerrar y otros 254 de otra factorías que continúan su actividad.

Martínez Noval dejó claro que el expediente todavía no se ha presentado formalmente e insistió en que la postura de su ministerio es intentar que las decisiones que se adopten tengan el menor efecto sobre el empleo, para lo que el Gobierno ha instado a la empresa y los sindicatos a que negocien un plan de viabilidad que garantice el empleo.

ACERCAR POSICIONES

"Seguimos pensando que tenemos que acercar las posiciones entre empresa y sindicatos", dijo el minstro, "porque nunca se puede tirar la toalla sobre la posibilidad de que empresarios y sindicatos, respecto a un expediente de regulación, lleguen a un acuerdo".

El ministro destacó como uno de los principales problemas de Fesa-Enfersa es garantizar las obligaciones contraídas con los trabajadores jubilados en la reconversión iniciada en el grupo en 1985, de los que la mayoría optaron por jubilarse anticipadamente a los 60 años con cargo a la Seguridad Social y percibiendo un complemento vitalicio a crgo de la empresa.

Según Martínez Noval, el coste anual de este complemento al que no puede hacer frente la empresa con la situación financiera que atraviesa y para el que no se provisionó un fondo de pensiones externo es de 3.124 millones de pesetas.

El protocolo firmado a finales del 92 por Fesa-Enfersa con Freeport McMoran para adquirir parte de las empresas del grupo de fertilizantes español recoge que la multinacional norteamericana se desvinculará de las obligaciones contraídas con los jubiados de Fesa-Enfersa.