En primer lugar se interesa por saber si el uso de las lenguas cooficiales plantea problemas de Seguridad, a juicio del Ejecutivo.

Puig quiere que el Gobierno responda por escrito si la orden dada por el subsecretario del Ministerio de Defensa al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) significa que "estará prohibido hablar, leer, escribir en una lengua distinta al castellano en el ámbito militar".

De igual modo se interesa por saber si "cualquier escrito o grabación" en otras lenguas distintas del castellano "será invalidada y desestimada" y si "cree el Gobierno que no es necesario el conocimiento y uso de lenguas distintas al castellano en el ámbito militar". Finalmente, Puig pide al Ejecutivo se pronuncie sobre la utilidad y necesidad de esta orden.