Así figura en una proposición no de ley que ERC ha presentado en el Congreso y en el Senado para que sea debatida en esas sedes parlamentarias.

En la iniciativa se asegura que hay que "garantizar el derecho a la vivienda y prevenir la especulación" a través de una regulación más efectiva desde las autonomías.

La proposición señala que las políticas públicas para garantizar el acceso a la vivienda "han sido insuficientes o inexistentes" por parte de las instituciones estatales, situación agravada por los altos tribunales que "han impedido reiteradamente la acción legislativa de las administraciones catalanas".

Se indica que el rescate bancario con dinero público, en lugar de crear un parque de vivienda asequible, benefició a fondos de inversión internacionales, "perpetuando la desigualdad y limitando el acceso a una vivienda digna".

"REFORMAS ESTRUCTURALES"

La proposición insta al Gobierno a revisar la protección contra los desahucios para que ninguna familia sea desalojada sin alternativa habitacional, así como establecer la dación en pago obligatoria para quienes no puedan afrontar su hipoteca.

También reclama el traspaso inmediato y gratuito de los inmuebles de la Sareb y otras entidades públicas estatales a las administraciones competentes en vivienda, junto con financiación suficiente para destinarlos a alquiler público.

La iniciativa coincide con una movilización convocada para el 23 de noviembre en Barcelona, Tarragona y Lleida por el Sindicato de Inquilinas, que exige medidas como la reducción de precios del alquiler y la expropiación de pisos vacíos.

El texto sostiene que los sucesivos Gobiernos de PP y PSOE han mostrado "una clara falta de voluntad para implementar reformas estructurales" en materia de vivienda, mientras los precios siguen subiendo "muy por encima" del incremento salarial.