Por el momento, todos los ayuntamientos regidos por ERC y sus grupos municipales están haciendo llegar al presidente del Congreso, Manuel Marín, una misiva en la que se quejan de la marginación del catalán en las instituciones españolas y expresan su intención de "superar este déficit democrático, esta rémora del pasado", en definitiva, una "situación injusta" que aleja al Parlamento de la "modernidad".

Según explicó Tardá en rueda de prensa las tres primeras cartas enviadas desde ayuntamientos catalanes fueron rechazadas por estar redactadas en catalán, tal y como suele hacer el Congreso, pero a partir de ese momento no se ha rechazado ninguna otra, aunque "no hemos tenido respuesta ni sabemos donde están las cartas".

Además, y como complemento a esta campaña, ERC promoverá el envío de escritos por los ciudadanos catalanes en los que reclamen el cumplimiento del artículo 33 del reformado Estatuto en el que se estipula que "los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho de relacionarse por escrito en catalán con los órganos constitucionales y con los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal, de acuerdo con el procedimiento establecido por la legislación correspondiente. Estas instituciones han de atender y deben tramitar los escritos presentados en catalán, que tienen, en todo caso, plena eficacia jurídica".

ERC tiene un total 120 alcaldes, 1.300 concejales y alrededor de 10.000 militantes que serán los que en primer lugar enviarán las cartas. Hoy mismo se ha hecho envío de la misiva a los militantes de ERC que podrá reenviarla al Congreso solicitando la aplicación del citado artículo del Estatuto, que es "una ley orgánica del Estado", según recordó Tardá, y que debe respetarse como tal.

Con posterioridad, Esquerra repartirá ejemplares de esta carta en universidades y centros culturales y sociales de toda Cataluña para que todo aquel ciudadano que lo desee pueda remitirla al Congreso. En caso de que su petición no sea escuchada, ERC recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional porque se trataría de una flagrante "violación de la legalidad" vigente.

El partido independentista ha emprendido esta campaña en un momento que considera crucial para dar un impulso definitivo a la aprobación de la reforma del Reglamento del Congreso, que está paralizada precisamente por la dificultad de fijar un modelo para el uso de todas las lenguas cooficiales del Estado en la Cámara Baja.

El Congreso, reconoció Tardá, es un "gran escaparate" para "hacer pedagogía" sobre el uso de las distintas lenguas del Estado, y en todo caso, "no tiene ningún sentido que desde un órgano constitucional se viole la legalidad" establecida en el Estatuto que aprobaron las Cortes Generales. "Hemos ganado la batalla ideológica", dijo el portavoz de ERC, "y ahora es imposible que el Reglameno obvie el tema lingüístico", concluyó.