Se trata del coronel Rodolfo Antonio Ortega Prado, al que ERC sitúa como coronel en activo del ejército chileno y del que asegura que diez ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia le señalan como su jefe en 1988 en Punta Arenas.

Según relata ERC en su iniciativa, el 26 de julio de ese año la joven socialista Susana Obando desapareció y después fue encontrada muerta en una playa. Un testigo aseguró que había sido detenida en Punta Arenas y, aunque oficialmente se habló de suicidio, su madre presentó una querella en la que aseguraba que había sido detenida y lanzada al mar.

ERC asegura que los procesados por ese caso señalaron al coronel Rodolfo Antonio Ortega como su superior, y que su nombre figura en la lista de agentes militares entregada a los tribunales para la investigación del crimen de un líder sindical.

Los defensores de esta iniciativa relatan que la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos pidió por carta al embajador español en Chile que se retirara a este coronel de la Agregaduría de su embajada.

Recuerdan que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas permite al país receptor aprobar al personal de una misión y también recoge la declaración de persona "non grata", pudiendo llegar incluso a negar el reconocimiento a esa persona como representante de su país.

ERC pide por ello al Gobierno que declare "persona non grata o no aceptable" a este coronel en virtud de esa Convención y con la finalidad de poner fin a sus funciones en la Embajada de Chile.