La formación independentista argumenta su iniciativa en el "antibelicismo" que cada vez cobra más fuerza en la sociedad española, por lo que pide que se reconozca el derecho de los contribuyentes a no realizar aportaciones económicas a los gastos militares.

Para ello, Esquerra propone que en la declaración de la renta se incluya un porcentaje, fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que, a elección de los contribuyentes, se destine al fomento de la paz y la solidaridad.

La proposición de ley de ERC establece que, si la voluntad de objetar a los gastos militares no consta expresamente en la declaración, "se entenderá como no formulada, y el porcentaje será destinado al Ministerio de Defensa por entender que ésta es la opción escogida".

OFICINA POR LA PAZ

ERC quiere que el Gobierno cree en un plazo de seis meses una Oficina por la Paz y la Solidaridad, encargada de "gestionar la partida presupuestaria destinada al fomento de la paz y la solidaridad, la de establecer qué actividades comprende y qué requisitos deben cumplir las entidades dedicadas a tal fin para ser beneficiarias de ayudas y subvenciones".

La Oficina por la Paz y la Solidaridad sería un órgano paritario de representación del Gobierno español, con miembros designados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y por la AECI, y de las organizaciones dedicadas al fomento de la paz, con miembros designados por la CONGDE y por Aipaz, como coordinadoras de ONG para el desarrollo y para la paz, respectivamente.

Esta oficina, continúa la iniciativa, estará obligada a elevar un informe anual ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que dará lugar a las correspondientes propuestas de resolución por parte de los grupos parlamentarios.

Esquerra Republicana de Catalunya recuerda que en 1983 nació en España un incipiente grupo de personas que empezó a practicar la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares, aunque esta práctica no está amparada por la ley, por lo que es rechazada por la Administración Tributaria.

Consiste técnicamente en desviar del IRPF el porcentaje correspondiente al Ministerio de Defensa, que se destina a entidades pacifistas sociales, lo que se explica en una carta junto a la declaración de la renta acompañada por el justificante de dicho ingreso.