Para Tardà, esta es "una victoria del tejido asociativo del Estado y muy particularmente del catalán, que ha sido abanderado de esta reivindicación".

Pese a su satisfación por la decisión del Gobierno, el portavoz independentista reclamó la territorialización de las dotaciones.

"Ahora", dijo, "queda pendiente una segunda reforma del IRPF que permita su territorialización y que sean las administraciones autonómicas las que distribuyan el 0,7 por ciento de la aportación de los contribuyentes entre las ONG que trabajan en sus respectivos territorios".

Añadió, además, que "sólo una gestión de proximidad desde la Generalitat de Cataluña puede aportar la eficacia y transparencia necesarias a la gestión del dinero que los ciudadanos catalanes destinan a entidades del tercer sector".