Según el Gobierno, la futura ley está llamada a jugar un papel de primer orden en la lucha contra la delincuencia organizada, ya que supone la creación de un mecanismo dirigido a evitar que la delincuencia organizada obtenga beneficios económicos de su actividad ilegal.

El objetivo principal de este mecanismo es confiscar dentro del espacio europeo los efectos provenientes de la comisión de una infracción penal, los instrumentos utilizados para ello y todos aquellos que de acuerdo con la normativa vigente puedan ser objeto de decomiso.

Mediante esta norma se incorpora al derecho español la decisión marco comunitaria de 2006, que se enmarca en las actuaciones dirigidas a la creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en territorio comunitario.

La ley da continuación, además, a otras importantes decisiones comunitarias, como son la orden de detención europea, la referente a la ejecución de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas y la de aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias.