Para resolver este problema, fuentes del Ejecutivo reconocieron a Servimedia que se ha abierto una vía hacia una posible solución que se espera cerrar este año y poner en marcha cuanto antes: el seguro de dependencia.

Así consta adeás en el primer informe oficial sobre seguro de dependencia elaborado por el Gobierno, al que tuvo acceso Servimedia. El estudio, que ya ha llegado al Parlamento, alerta del problema del envejecimiento de la población y del agravamiento de esta situación en los próximos años.

Por ello, fija en primer lugar el concepto de dependencia como la situación de personas "con limitaciones severas de orden físico y mental que requieren de la ayuda de otras personas". Esto supone, según el informe, que la dependncia supera el ámbito del envejecimiento y engloba malformaciones congénitas o accidentes que provocan discapacidad, o nuevas enfermedades que, como el sida, impiden a algunas personas valerse por sí mismas.

A pesar de este reconocimiento de la amplitud del concepto de dependencia, el primer paso del Gobierno se centrará en las personas con más de 65 años, que en 2000 eran en España 6,6 millones e irán creciendo a un ritmo de 100.000 más cada año, para situarse en 7,2 millones en 2010 y 7,8 en 2020. De este núcleo poblacional de mayores, un porcentaje que sobrepasa el 50% padece alguna enfermedad y, de ellos, a más de un 30% estos achaques les impiden desarrollar su vida normal. Actualmente, la atención la prestan los servicios dependientes de la Seguridad Social o la colaboración desinteresada de las familias.

SEGURO PRIVADO

El Ejecutivo reconoce que "el aseguramiento privado del riesgo de dependencia contribuye a paliar una necesidad social que, sin duda, por el envejecimiento de la poblacón, se verá incrementada en el futuro".

Además, el seguro privado de dependencia "permitirá la creación de un ahorro finalista y a largo plazo" y, tal y como demuestran algunas experiencias internacionales (en Estados Unidos lo tiene el 12% de la población) y en Alemania existe un modelo similar, constituye un "efecto estimulante" sobre el ahorro.

"Los fondos afectos a la cobertura de tal contingencia pueden ser un instrumento de apoyo a la inversión real, y ello no sólo porque contribuyen a la epansión y profundidad de los mercados, sino también por la magnitud que, con el tiempo y con una adecuada configuración, pueden llegar a tener", afirma el Gobierno, además de destacar las consecuencias positivas de la gestión de estos fondos para la creación de empleo.

A partir de aquí, el informe elaborado por la Dirección General de Seguros cree que el diseño del nuevo seguro de dependencia no es complicado, utilizando como base los actuales modelos de seguro (vida, enfermedad o fondos de pensiones) si bien reconoce que sería preciso un especial tratamiento fiscal, aún por configurar.

"Se hace necesario introducir (...) las reformas que se consideran necesarias de cara a poder incentivar desde el sector público este producto asegurador privado", reconoce.

Así, sería preciso tratar favorablemente desde el punto de vista fiscal las primas y aportaciones al seguro, además de fijar dos regímenes: para los mayores de 52 años -con menos tiempo para aportar al seguro- y los de menos de esta edad, on mayor recorrido.

Además, sería preciso fijar nuevos capítulos de deducción en el IRPF, el IVA y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para el tratamiento del seguro de dependencia y también un régimen fiscal concreto y favorable para los prestadores de los servicios y las aseguradoras que gestionen este seguro.

Todo este entramado está siendo debatido ya por expertos de los ministerios de Sanidad y Consumo y de Trabajo y Asuntos Sociales, entre otros, que buscan un nuevo marco de coberturasociosanitaria para prevenir el envejecimiento de la población española.

Actualmente, la mitad de las camas hospitalarias existentes en España están ocupadas por mayores de 65 años cuando, hace sólo diez años, esta proporción era de un tercio. Además, el 44% del gasto público en sanidad se destina a este sector de población, es decir, un 3% del PIB.