Con esta medida, el Ejecutivo intenta reducir la producción de envases, que según Vicente Albero suponen más del 40 por ciento del volumen total de residuo sólidos urbanos que produce España anualmente.

El secretario de Estado aseguró en rueda de prensa que nuestro país produce más de 40.000 millones de unidades de envases para alimentación al año, 20.000 millones de envases de vidrio, unos 2.000 millones de hojalata y aluminio, 18.000 millones de bolsas de plástico y unos 30 millones de neumáticos.

Para incentivar la recogida de estos productos entre industrias, comercios y usuarios el Gobierno asignará cada año un valor a los botes y botellas de ebidas, los neumáticos y los envases de plástico, cuya cuantía les será devuelta a las personas que decidan retornarlos tras su utilización.

Respecto a las bolsas de plástico, el precio de cada unidad quedará reflejado en las facturas junto al resto de los productos comprados.

Vicente Albero indicó que la utilización de productos no retornables fomenta el despilfarro y añadió que las propias industrias deberán perfilar sistemas eficaces de recogida o implantar centros para ello.

RESIDUOS TOXICO

El secretario de Estado también destacó los problemas que plantea la producción de residuos tóxicos y peligrosos y la ausencia de instalaciones que los traten adecuadamente.

Albero acusó a las comunidades autónomas de ineficacia en la gestión de este tipo de desechos y reconoció que el Consejo Rector del Plan Nacional de Residuos Industriales, reunido hoy en Madrid, estudia tres proyectos de plantas de incineración, concretamente los de Bahía de Cádiz, Monteagudo de las Vicarias (Soria) y Almadé (Ciudad Real).

Por su parte, Greenpeace acusó hoy al Gobierno de intentar "dejar la gestión de los residuos tóxicos en manos de empresas multinacionales conocidas en otros países por sus agresiones medioambientales".

Además, los ecologistas insisten en que el Ejecutivo actúa con secretismo y mantienen que intenta legalizar actividades altamente contaminantes, como la quema de aceites usados y residuos en cementeras.

A juicio de Juan López de Uralde, de Greenpeace España, "tras el reconocidofracaso del Plan de Residuos Industriales de 1989, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha sido incapaz de sentarse a dialogar con las organizaciones ciudadanas que impulsan una nueva política para los residuos, basada en la utilización de tecnologías limpias y la reducción de la generación de residuos en origen".