En una entrevista concedida a Servimedia, la ministra aseguró que esta ley pretende reforzar los derechos de los niñas y las niñas "para que prevalezca el interés del menor frente al de los padres y al de la Administración".

"La Convención de los Derechos del Niño", explicó, "pide a los Gobiernos que reconozcan al menor como sujeto de derechos y de responsabilidades, en funció de la edad. Por lo tanto, hay que producir cambios en las leyes y en la mentalidad de las personas".

En estos años, la ministra ha cambiado de opinión sobre la elevación de la edad penal de los 16 a los 18 años, como solicitó el PSOE en programas electorales anteriores.

"Yo también era partidaria de la elevación, pero me convenció de lo contrario un informe de la asociación Jueces para la Democracia, en el que reconocían que si la edad penal aumenta provoca la aparición de una norma penal especíica en el tramo de los 13 a los 18 años, como ha sucedido en otros países de Europa", explicó.

El departamento está elaborando, además, un Plan de Acción sobre las Minusvalías, que coordinará las actividades que todos los ministerios realizan para los más de 1.300.000 españoles afectados por alguna discapacidad.

Respecto a las críticas realizadas por algunas asociaciones de minusválidos sobre el incumplimiento de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), Matilde Fernández aseguró ue coincide con ellos en la necesidad de mejorar tres aspectos: la integración laboral, la rehabilitación y la eliminación de barreras arquitectónicas.

POTENCIAR EL EMPLEO PROTEGIDO

La ministra es partidaria de continuar desarrollando centros especiales de empleo y centros ocupacionales y de sancionar a las empresas, públicas o privadas, que no cumplan con la reserva de puestos de trabajo para minusválidos que establece la LISMI.

"En temas de rehabilitación", explicó, "faltan profesionales del ienestar especializados. Y también debemos contar con más centros, especialmente para los minusválidos físicos porque es la única minusvalía que está creciendo en el país".

También criticó la falta de sensibilidad que existe en la sociedad sobre estos temas porque continúan firmándose obras que no reunen requisitos de accesibilidad para personas con movilidad reducida y apostó por la potenciación de las ayudas técnica.

Desde que nació el ministerio de Asuntos Sociales, en 1988, Matilde Fernández a recibido mcuhas más críticas que otros ministros que cuentan con mayor presupuesto, a su juicio, "en primer lugar, porque soy mujer, porque soy de izquierdas y no me escondo y porque antes los servicios sociales se hacían desde la caridad".

La ministra explicó que Felipe González dicidió constituir el Ministerio de Asuntos Sociales porque había más recursos en el país y porque quedaban por desarrollar los derechos colectivos.

SERVICIOS SOCIALES, NO CARIDAD

"Esto supuso la ruptura definitiva cn las reminiscencias de la caridad y la beneficencia. Era darle dimensión política de Estado Social de Derecho a los servicios sociales. Pero hay personas que eso no lo entienden porque funcionan creyendo que la caridad es buena. Así, entre otras cosas, aplacan sus conciencias".

La ministra es partidaria de dar un mayor protagonismo a la sociedad civil en la construcción del Estado del Bienestar y de realizar una sugerencia "a priori" sobre las actividades de las grandes organizaciones sociales, como ruz Roja o la ONCE, y ejercer un control "a posteriori" para evitar el "anquilosamiento de las organizaciones".

Sobre la Ley de Fundaciones, Matilde Fernández aseguró que es una norma de futuro, que da mayor capacidad de gestión a estas instituciones y pidió tranquilidad a las fundaciones en el tema fiscal.

"Primero vamos a garantizar nuestro sistema fiscal, vamos a demostrar que con todas las modificaciones de este año, al final los ingresos y desgravaciones quedan consolidades. Luego, en la medda que haya más ingresos en este país, la Ley de Presupuestos puede incluir un porcentaje mayor de desgravación para determinados fines", concluyó.