Las operaciones de distribución comenzaron con la antigua Organización Común de Mercado (OCM) de Frutas y Hortalizas, que contenía incentivos para que los productos retirados del mercad fueran destinados a instituciones benéficas, en lugar de ser destruidos.

De esta manera, en la campaña 95/96, por ejemplo, los productores distribuyeron gratuitamente en España 12.793 toneladas de frutas y verduras y en la 96/97 un total de 7.013. Para que una institución social pueda beneficiarse de estos excedentes debe suscribir un convenio de colaboración con el Fondo Estatal de Garantía Agraria (FEGA).

Este año, con la entrada en vigor de la reforma de la OCM, desaparecieron las mencionadasayudas y los productores optaron por destruir los excedentes antes que perder dinero con su entrega a entidades sociales, ya que debían cubrir los gastos del embalaje adecuado para su distribución.

Por este motivo, España instó a Bruselas a que recuperara las subvenciones y en la última reunión del Comité de Gestión, celebrada este mes, fue aprobada, a petición española, una propuesta de reglamento.

Según la misma, además de los gastos de retirada y de transporte ya previstos en la normativa comuitaria, los excedentes hortofrutícolas con destino a entidades benéficas contarán con una financiación íntegra comunitaria de 7 Ecus por cada 100 kilos (11,60 pesetas/kilo) para los gastos de acondicionamiento.