Los datos surgen por extrapolación desde los últimos estudios oficiales realizados en 1989, que son los utilizados por Emakunde en estas sesiones de trabajo inauguradas hoy en la capital alavesa.

La directora del Instituto Vasco de la Mujer, Charo Arteaga, señaló que en la Comunidad Europea (CE) tan sólo se denuncia el 1 por ciento de estas agresiones, según un informe realizado por todos los países miembros durante un congreso celebrado en Bruselas, n el mes de febrero de 1991.

En opinión de Arteaga, es muy difícil valorar este número de violaciones, pero cada vez se sabe que hay más denuncias y lo que se propone es que la gente se anime a denunciar estas agresiones para acabar con ellas.

Asimismo, dijo que la mayoría de las agresiones sexuales y físicas a las mujeres ocurren dentro del ámbito familiar, bien entre el marido y la mujer o entre padres e hijos, por lo que es muy poco frecuente que los casos se difundan.

Los investigadores reen que la práctica habitual es que las agresiones acaben en el silencio de las familias, y ello debido, sobre todo, al temor a represalias, el miedo, la vergüenza o, simplemente, al no saber qué hacer.

EL PAPEL DE LOS JUECES

Charo Arteaga también destacó que el eslabón más débil de esa cadena de la agresión sexual a la mujer en España sigue siendo el papel de los jueces, ya que todavía se utilizan como atenuantes para el violador argumentos como, por ejemplo, la manera de vestir de la mujer, sus aractivos físicos, las formas de comportarse y, asimismo, hasta el hecho de que esté casada.

La práctica jurídice dice que el que se trate de una mujer casada parece justificar su violación en el terreno penal, ya que la pena del agresor resulta siempre mucho menos grave, porque se beneficia de la inexistencia de una legislación clara al respecto.

El viceconjero de Administración del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre, que también participó en la inauguración de esta jornada sobre la atención a as mujeres maltratadas, coincidió en la misma consideracdión y recordó cómo a la mujer se le suele atribuir un actitud de consentimiento en multitud de casos de violación.

El viceconsejero criticó también que el Código Penal considere los malos tratos como falta y no como delito, porque las penas impuestas son pequeñas.

Esa circunstancia, unida a la falta de información de las mujeres sobre la posibilidad y conveniencia de denunciar los hechos, las obliga a retraerse, por lo que las agresiones cusadas por la vía jurídica no pasan del 1 por ciento de las que ocurren verdaderamente.