Bajo el nombre de "Disability Equality Duty" (Deber de Igualdad de Trato a personas con Discapacidad) la primera de estas normas afectará al modo en el que un total de 45.000 organismos públicos, incluida la Seguridad Social, los ayuntamientos y los ministerios, planifican sus actividades y ofrecen sus servicios a los 10,5 millones de discapacitados del Reino Unido.

A partir de ahora, estas instituciones deberán tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en el desarrollo de sus planes de actividad, así como en el modo en el que ofertan sus servicios.

Las medidas que adoptarán para el cumplimiento de sus nuevas obligaciones deberán quedar plasmadas en un plan anual, y los organismos que no las cumplan podrán enfrentarse a acciones legales.

El ministro de Empleo y Pensiones, Jonh Hutton, considera que estas nueva norma representan un avance importante del gobierno británico en la consecución de su objetivo de conseguir la igualdad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de aquí a 2025.

Por su parte, la Comisión de los Derechos de los Discapacitados (DRC, según sus siglas en inglés), que supervisará el cumplimiento de esta medida, considera que ésta contribuirá a erradicar la discriminación endémica que sufre este colectivo a la hora de acceder a los servicios públicos.

Asimismo, hoy ha entrado en vigor otra norma cuyo objetivo es garantizar la igualdad a las personas con discapacidad en el transporte público.

Dicha legislación reconoce el derecho a un tratamiento justo y a las adaptaciones razonables de los autobuses, autocares, trenes y taxis. El transporte aéreo y naval quedan exentos de dicha legislación por el momento.