Las administraciones públicas, el stado en las cuencas hidrográficas intercomunitarias y las comunidades autónomas, deberán identificar las aguas afectadas por nitratos y vigilar las concentraciones mediantes estaciones de muestreo.

Cuando las mediciones revelen niveles de contaminación por nitratos, las comunidades autónomas deberán designar las superficies territoriales afectadas como zonas vulnerables y poner en marcha programas de actuación que eliminen estos efectos nocivos sobre las aguas.

Además, cada autonomía tendrá que laborar códigos de buenas prácticas agrarias no contaminantes, que los agricultores podrán aplicar de forma voluntaria.

Para comprobar el efecto de estas medidas sobre el medio ambiente, se elaborarán programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas.