Portavoces de los dos partidos mayoritarios consultados por Servimedia aseguraron que la nueva ley, que se encuentra en trámite de enmiendas en la Cámara Alta, afecta también al País Vasco, aunque esta comunidad tenga normativa propia en este campo.

La ley vasca de asociaciones entró en vigr en marzo de 1988 y asegura en su exposición de motivos que da al Gobierno autonómico competencia sobre asociaciones "de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, asistencial y similares", aunque excluye las de carácter político, sindical y religioso.

En este sentido, el secretario de Libertades Públicas de la Ejecutiva del PSOE, Juan Fernándo López Aguilar, aseguró que una de las "consecuencias" de la enmienda introducida en el Senado puede ser que el Ejecutivo vasco no pueda conceder determiadas subvenciones.

Según López Aguilar, es competencia de la Administración central el vincular las asociaciones al cumplimiento del precepto constitucional de que no puede haber colectivos que tengan fines delictivos o practiquen actividades tipificadas como delito.

En este sentido, añadió que es también competencia del legislador estatal especificar qué actividades son consideradas como delito, capítulo en el que López Aguilar considera que pueden incluirse las asociaciones que llevan a cabo un"encubrimiento ideológico o propagandístico" del terrorismo.

En este mismo sentido se pronunciaron las fuentes del PP en el Senado consultadas por Servimedia, quienes aseguraron que la enmienda introducida impedirá al Ejecutivo vasco conceder ayudas como las que ha dado en los últimos años al colectivo que representa a los familiares de presos de ETA.

Este grupo, hasta el pasado año llamado Senideak, pero que este mes de enero ha pasado a llamase Etxerat, ha recibido distintas subvenciones en losúltimos años del Gobierno vasco, que en 2001 le concedió 8,1 millones de pesetas.