El diputado socialista señaló que su grupo ofrecerá a Izquierda Unida pactar una enmienda transaccionl al artículo 1 de la Ley de modo que las empresas, organismos autónomos y demás entidades de derecho público no puedan eludir los controles propios de los contratos del Estado.

Además, el Grupo Socialista utilizará la mayoría de que goza en la Cámara Baja para introducir otra enmienda, esta vez a las disposiciones adicionales, que tipifica como "falta muy grave" del personal al servicio de las Administraciones "la infracción o aplicación indebida de los preceptos" contenidos en la Ley de Contratos "cando mediare al menos negligencia grave".

Mayoral realizó estas precisiones en respuesta a la disconformidad del Grupo Popular con la redacción del apartado 3 del artículo 1 de la Ley, que dice que deberán ajustar su actividad a lo dispuesto en la Ley aquellas entidades de derecho público "en la medida en que dicha actividad no esté sujeta al derecho privado".

Esto abre la puerta, en opinión del PP, a que empresas públicas como Renfe puedan eludir la Ley de Contratos de la Administración, ante loque los socialistas replicaron que la normativa vigente contiene suficientes controles y, además, una previsible enmienda transaccional con IU -cuyo representante, el diputado Francesc Baltasar Albesa, no asistió hoy a la Comisión del Congreso- permitirá "que dentro del sector público exista una cierta homogeneidad" al respecto.

En consecuencia, el artículo primero de la Ley, además de someter a los organismos públicos de derecho privado a la Ley de Contratos, establece que cuando contraten personal dberán aplicar los principios de mérito y capacidad, "y también el de publicidad, salvo casos de urgencia debidamente justificados".

En cuanto a la otra enmienda socialista, señala que las autoridades y el personal al servicio de la Administración responderán por "la responsabilidad patrimonial derivada de sus actuaciones en materia de contratación administrativa, tanto por daños causados a particulares como a la propia Administración, siempre que mediare dolo, culpa o negligencia grave".

Por otraparte, PSOE y PP acordaron añadir al artículo 14 del proyecto de ley que las Administraciones contratantes precisarán en el anuncio público los medios de acreditación que vayan a ser utilizados para determinar la capacidad y solvencia de los contratistas.