También lo demandaron Juan Rodríguez Zapatero, abogado especializado en Derecho de la discapacidad, e Indira Martínez, adolescente de 16 años con síndrome de Down y alumna de un colegio inclusivo en Vitoria, que participaron junto a ellos en un encuentro sobre educación inclusiva organizado por Down España y la agencia de noticias Servimedia.

Según San Segundo, “en torno al 85% de los escolares con síndrome de Down están matriculados en centros ordinarios y el 15% restante estudian en colegios de educación especial”.“Nosotros cre emos que el 95% podrían perfectamente estar en la educación inclusiva”, añadió, “pero como los apoyos necesarios muchas veces no funcionan se les deriva a centros de educación especializada”.

Esto es, las administraciones públicas envían a los escolares con discapacidad a centros de educación especial “no por necesidad estricta, sino por falta de recursos”, lamentó. En su opinión, la inclusión “no funciona como tal en la práctica” de muchos centros que se denominan ‘inclusivos’.

“No basta con que los alumnos estén físicamente en el centro e interaccionen de vez en cuando con el resto”, precisó, sino que se necesitan apoyos y los ajustes necesarios, a fin de asegurar que participan en igualdad de condiciones del proceso educativo.

El presidente del Cermi indicó, a su vez, que a nivel de la discapacidad general, la tasa de matriculación en centros ordinarios es de algo más del 80%. “Esta tendencia parece que se refuerza”, declaró, “a pesar de que, según algunos, la nueva Ley de Educación (Lomloe) iba a suponer el cierre en masa de los centros de educación especial”.

En este punto, subrayó que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consagra la educación inclusiva como un derecho fundamental y que 17 años después de que España firmase este tratado --15 desde su ratificación-- “debería ser defendido por todo aquel que se sienta demócrata”.

NO ES MÁS CARA

En su intervención, el presidente del Cermi recalcó que "la inclusión cuesta, como cuestan todos los derechos que de verdad se pretenden llevar a la práctica y no quedarse en mera declaración de intenciones”. “Ahora bien, no tiene un coste mayor que el mantenimiento de los centros especiales”, indicó.

Para reforzar su argumento puso el ejemplo de las personas mayores con discapacidad que viven en instituciones "fuera de su barrio y de su comunidad". “Se ha comprobado que el modelo de residencias resulta mucho más caro que un sistema de asistencia personal”, puntualizó.

Mateo San Segundo reclamó en este sentido “más recursos y más formación” para que la inclusión educativa sea una realidad en todos los centros. “Es de justicia decir que hay muchos centros que trabajan muy bien y donde la educación inclusiva es una realidad desde hace ya muchos años”, aclaró.

“Eso sí, en muchos otros resultan absolutamente necesarios más medios y también otra actitud por parte de profesores y familias”, señaló. “Y esto no sé si siempre es cuestión de dinero”, agregó.

POLÉMICA

Los dos admitieron que el debate entre centros inclusivos y centros de educación especial “genera pugna política y también divide a la sociología de la discapacidad”.

"Así lo vimos durante la tramitación de la nueva Ley de Educación, con parte de las familias que se oponían " al refuerzo de la educación inclusiva, apuntó Pérez Bueno. “Como este es un tema conflictivo y vidrioso”, los poderes públicos “no lo terminan de resolver”, destacó.

En la misma línea se expresó Juan Rodríguez Zapatero, para quien el Ejecutivo ”no estuvo a la altura” con la reforma de la Ley de Educación de 2020. “El legislativo no dio los pasos suficientes”, lamentó.

Todo lo contrario opina Vox, que presentó recurso de inconstitucionalidad –junto a otros muchos puntos—contra la parte de esta norma que se refería a la educación inclusiva, por considerar que vulneraba el derecho de aquellas familias que prefieren que sus hijos asistan a centros de educación especial.

El Tribunal Constitucional falló que la ley respetaba el derecho de los padres a escoger el centro donde deseaban escolarizar a sus hijos, simplemente, ofrecía alguna garantía más.

DISCRIMINACIÓN

Para Rodríguez Zapatero, estas familias “no tienen ningún problema en la práctica a la hora de elegir centros”.“Quienes sí son discriminados son los padres que desean escolarizar a sus hijos en la educación inclusiva cuando van en contra del criterio de la Administración”, insistió.

Explicó que el sistema actual establece “filtros” para que los niños con necesidades educativas especiales “accedan al modelo ordinario” y propuso “imaginar” que se recurra a ”pruebas clínicas o test psicológicos en el acceso a la sanidad”. “¿Qué pensarían si se hiciese lo mismo con niños de otros colectivos?”, preguntó. "En última instancia, la decisión corresponde siempre a la Administración educativa” y esto es “discriminatorio frente al resto de la población escolar”.

PROCESO COSTOSO

Si las familias no están de acuerdo pueden reclamar por lo contencioso, “pero lo más habitual es que terminen abocadas a la vía penal”. Para San Segundo, “este es un proceso largo, caro y costoso moralmente, que no todas pueden llevar a cabo. Desde Down España, vamos a seguir apoyándolos y acompañándolos y animó a los padres a no tirar la toalla”.

En este punto Indira Fernández relató su experiencia como alumna con síndrome de Down matriculada desde pequeña en un colegio inclusivo donde, aseguró, "no existe verdadera inclusión pese a lo que dicen”.

“Estoy ahí con los otros, pero no hacen nada para que me entere de las clases. Los compañeros no me hablan mucho”, relató la joven, que tampoco ha recibido ninguna adaptación curricular. Indira cuenta con pena como su profesora le dijo en una ocasión que “estaría mucho mejor si le pusiesen con los suyos”. ”¿Y quiénes son los míos?”, se pregunta Indira. “Los míos son todos”.

CUESTIÓN DE DIGNIDAD

Para Luis Cayo Pérez Bueno, lo que tampoco “es de recibo es que “cuando a un niño no le hace caso su tutor, no le conceden profesores de apoyo o es víctima de bullying”, las familias tengan que pasar meses o incluso años batallando por la vía penal. “Debería haber una instancia administrativa para resolver estos temas con rapidez”, manifestó, ya que está en juego la educación de los niños y un derecho fundamental.

En opinión de Rodríguez Zapatero, lo que aquí opera es la teoría de no molestar. "Como se piensa que estorban se prefiere apartarlos y no se dan cuenta que, con los apoyos adecuados, el potencial de estos chicos es increíble". "Lo hemos visto en casos donde la educación inclusiva sí funciona, que son muchos”, argumentó.

A su juicio, "que Indira tenga que pasar por esta situación nos habla de una sociedad indigna”. "Posiblemente estemos fallando todos en el plano moral pero, en especial, están fallando los poderes públicos. Apostar por la educación inclusiva es hacer entre todos una sociedad más justa, más digna y mejor”, concluyó.