Bonet busca, con esta moción, recalcar la necesidad de consensuar un método de contabilidad entre el Estado y las CCAA, aceptado por todos, basado en la transparencia, que resuelva las discrepancias que se producen en las interpretaciones de los números.

Para Carles Bonet, "es fundamental que las cuentas estén claras, porque parece que siempre hay una mano negra que no está interesada en que se sepa la verdad".

En la moción, Bonet propone que se elaboren estudios que permitan conocer el volumen de recursos per cápita que, por todos los conceptos, han recibido las Comunidades Autónomas durante los años del vigente sistema de financiación. También reclama que se estudien los elementos necesarios para determinar el nivel mínimo de prestación de los servicios públicos fundamentales, previsto en el artículo 158.1 de la Constitución.

Bonet quiere que se establezcan los principios básicos para la modificación de la LOFCA, de manera que los servicios esenciales del Estado del Bienestar prestados por las CCAA puedan alcanzar niveles similares cuando el esfuerzo fiscal sea similar, con el objeto de garantizar que los mecanismos de nivelación respeten dicho esfuerzo fiscal.

El último punto de la moción que defenderá Bonet solicita el estudio de mecanismos de participación conjunta o consorciada entre la Agencia Tributaria estatal y las de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con las Constitución y los Estatutos de Autonomía, para mejorar la eficacia recaudatoria y el servicio prestado a los contribuyentes.

Bonet argumenta en su moción que en los últimos años se ha puesto de manifiesto la necesaria reforma del sistema de financiación, sobre todo debido a los fenómenos de la creciente inmigración y al envejecimiento de la población, pero también por el proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía.

Según el senador de la Entesa, "este sistema no se puede considerar aislado, sino que debe armonizarse con los diversos recursos que reciben las Comunidades Autónomas en otros conceptos, ya sean recursos procedentes del Estado o de la Unión.Europea".

Por ello, "es necesario tener presente todos estos extremos para que los recursos y las capacidades de prestación de servicios de las CCAA tengan niveles similares sin presentar discriminaciones, privilegios o disparidades injustificables".