La moción de la Entesa insta al Gobierno a presentar ante las Cortes Generales, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley para extender los efectos reconocidos en la sentencia del Tribunal Constitucional, de 1989. en la que se confirmó la promoción a general de Vicente Rojo Lluch.

El grupo catalán pide que este beneficio se aplique a todos los militares profesionales leales a la República, con la reconstrucción de sus hojas de servicios.

Asimismo, la Entesa pretende que se reconozca la condición de militares y sus correspondientes ascensos a los beneficiados de las sentencias obtenidas por demandas personales o colectivas y la correspondiente rehabilitación de todos ellos con todos los efectos de condecoraciones y honores militares.

Por último la iniciativa insta al Gobierno a que, en el proyecto de ley, "se recupere la memoria de los militares profesionales que defendieron la legalidad republicana, con la inclusión en el texto de los nombres de los mandos de las Fuerzas Armadas, sacrificados por negarse a subvertir el orden constitucional en los primeros días de la sublevación del 18 de julio de 1936".

En este sentido, Entesa recuerda que la mayoría de capitanes generales de las regiones militares se mantuvieron fieles a la República, entre ellos el general Batet, capitán general de Burgos, o los generales Aranguren y Escobar que comandaban la Guardia Civil de Barcelona el 18 de julio.

Este último punto tiene por objeto que la historia y las futuras generaciones sepan que la cadena de mando del Ejército español, casi en su totalidad, fue leal a la legalidad y la legitimidad republicana.