El senador de esta formación por Girona, Miquel Bofill, portavoz de la Entesa en la Comisión de Justicia, preguntó por escrito al Gobierno qué cantidades recibían, por comunidades autónomas, los ministerios de Hacienda y de Justicia por estos dos conceptos y la respuesta fue, en el caso de Cataluña, que: "en concepto de tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, recibió un total de 9 millones de euros en 2004, mientras que por rendimientos de consignaciones y depósitos judiciales, la cantidad ingresada en 2004 fue de 7,47 millones de euros".

De manera que, por ambos conceptos, (tasas e intereses), de todo lo ingresado en 2004, más de 16 millones corresponden a Cataluña, aunque sólo percibe algo más de un millón.

En la moción, el senador Bofill argumenta que la gestión de las tasas judiciales se atribuye al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, las CCAA que ejercen sus competencias de Justicia (Andalucía, Canarias, Catalunya, Euskadi, Galicia, Madrid, Navarra y Valencia) proveen de medios humanos y materiales para hacer posible la actividad jurisdiccional en virtud de la cual se cobra dicha tasa.

También opina la Entesa que los rendimientos procedentes de las fianzas, pese a su origen procesal, tienen una gestión posterior netamente administrativa y no jurisdiccional.

Por ello, la Entesa Catalana de Progrés va a pedir al Senado que se inste al Gobierno a que sean las comunidades autónomas con competencias transferidas las que dispongan de las cantidades procedentes de estos dos conceptos para poder ponerlos a disposición de una gestión más eficaz e independiente.