En concreto, se ha interesado en la posible subvención para colectivos que trabajan en programas de atención sanitaria y rehabilitación de internos drogodependientes, enfermos o discapacitados, para programas de colaboración en el cumplimiento de medidas alternativas a la prisión, para colectivos específicos en prisiones o para la integración social y la inserción laboral de internos y personas en libertad condicional.

Cada año, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales concede subvenciones a programas de cooperación y voluntariado social con cargo a la asignación tributaria del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF).

Según el Departamento de Justicia de la Generalitat, desde hace dos años el citado ministerio "ha adoptado un criterio claramente discriminatorio hacia las entidades catalanas que se dirigen al colectivo de personas sometidas a medidas de ejecución penal" porque en ese tiempo ninguna entidad catalana de estas características ha recibido ninguna subvención.

El argumento por el que el Gobierno ampara la negación de las subvenciones, es que Cataluña ejerce las competencias en el ámbito penitenciario y el ministerio cree "erróneamente" que esas entidades ya reciben financiación desde el ámbito autonómico, señala el senador de la Entesa.

El Departamento de Justicia de la Generalitat considera que esta situación es injusta y en un comunicado, que esgrime el senador Bofill, afirma que "el ejercicio de la competencia penitenciaria es compleja y exige un alto nivel de compromiso de la Administración catalana, que merece una respuesta al mismo nivel de sensibilidad por parte de la Administración central, especialmente si, como es el caso, los fondos a distribuir provienen de un impuesto estatal en el que Cataluña participa de manera significativa".