La misiva remitida por la Oficina del Defensor del Pueblo, en la que recuerda que está legitimada para interponer recurso de inconstitucionalidad, va acompañada de una nota sobre los contenidos que afectan a la institución en la reforma que se pretende.

Subraya, en concreto, que "dentro de un estricto análisis jurídico la propuesta catalana conculca abiertamente el artículo 54 de la Constitución al definir las competencias del Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán)".

Múgica asegura que el nuevo Estatuto "recorta claramente la efectividad de los derechos de los ciudadanos, catalanes o no, al impedir que prosperen las quejas formuladas ante el Defensor del Pueblo de España, si tales quejas afectan a la Administración de la Generalidad catalana, que habría de ser supervisada, en exclusiva, por el Sindic de Greuges".

"La Constitución otorga al Defensor del Pueblo un poder de supervisión que se refiere a todas las Administraciones Públicas (la General del Estado, la Autonómica y la Local), razón por la cual ninguna ley orgánica puede ignorar tal mandato", dice el Defensor del Pueblo en una nota de prensa.

"De igual modo, corresponde al Defensor arbitrar el mecanismo de coordinación que asegure la unidad y coherencia de la acción supervisora con los comisionados autonómicos, entre los que se encuentra el Sindic de Greuges", concluye.