Durante el debate de las enmiendas a la totalidad a la citada norma, el consejero dijo que se actúa sobre 50 textos normativos, entre ellos 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos, que, además, permitirá a los contribuyentes ahorrarse un millón de euros anuales gracias a la reducción de los trámites y cargas administrativas y a la mayor eficiencia en los servicios para los ciudadanos y las empresas.

López manifestó que este proyecto legislativo persigue “avanzar en la mejora de una amplia legislación autonómica que cubre muchos supuestos que requieren actualización, flexibilización y un enfoque claro orientado a la superación de la crisis económica”.

Aseguró que esta “ambiciosa” reforma legal tiene como “destinatario y beneficiario último a los ciudadanos de la región, personas que necesitan que en la gestión pública se trabaje a su favor, con garantías, eliminando obstáculos, de manera eficaz y flexible ante un periodo de profundos cambios que suponen nuevos desafíos”.

“Los objetivos son impulsar la actividad económica en la región, adaptar el cuerpo normativo actual a las nuevas realidades sociales y económicas, eliminar cargas innecesarias y modernizar la organización administrativa”, declaró el consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

También señaló que la tramitación de este proyecto legislativo por la vía de urgencia, reduciendo todos los plazos a la mitad, obedece a un doble motivo: “responder de manera inmediata a las necesidades de la sociedad y de la economía madrileña en un contexto de crisis ocasionada por la pandemia; y para que pueda ser tramitada, debatida y, en su caso, enmendada y aprobada, con tiempo suficiente en la Asamblea de Madrid, en una legislatura especialmente corta”.

CUATRO EJES DE LA LEY

López explicó los cuatro ejes sobre los que pivota la ‘Ley Ómnibus’: la gestión eficaz de las consecuencias de la crisis provocada por la covid-19; la mejora de determinados servicios públicos, especialmente a las personas más vulnerables; la adaptación de las normativas sobre urbanismo y medio ambiente a las nuevas realidades económicas; y la eficiencia del gasto público.

Entre los “hitos” de esta ley, la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, adscrita al SERMAS; la agilización de la gestión de la Renta Mínima de Inserción (RMI).

Igualmente, indicó, el texto aborda la modificación de la Ley del Juego; una mayor protección a los menores y adolescentes, con medidas como la exigencia del certificado negativo en el registro de delincuentes sexuales y trata de seres humanos a aquellos profesionales o voluntarios que trabajen con menores en el ámbito deportivo; y una modificación de la Ley 9/2001 del Suelo, para que sea más liberalizadora y permita reactivar la economía regional y favorecer las iniciativas emprendedoras y la inversión.