Bustamante lo asegura en su último libro "Radio y televisión en España. Historia de una asignatura pendiente de la democracia" (Editorial Gedisa).

Este experto afirma que el Gobierno socialista "muestra ahora su doble alma: una respetuosa con el servicio público, descentralizadora y dispuesta incluso a renunciar a su control; la otra es jacobina y neoliberal, carente de un sentido del Estado autonómico y de sus tendencias centrífugas".

Bustamante sostiene que la primera está "impulsada desde La Moncloa, con la presión sindical y de grupos parlamentarios de izquierda", y la segunda, "movida desde el Ministerio de Hacienda y la SEPI y jaleada desde algunos grupos privados, que sólo aspira a pagar menos y para ello, a reducir la radiotelevisión pública a su mínima expresión posible".

Esta situación refleja, a juicio de Bustamante, una duplicidad ideológica permanente, "una doble alma gubernamental en conflicto inestable".

Sobre el Plan de Saneamiento de RTVE, el profesor dice que la vía preferente elegida para reducir la plantilla es la jubilación anticipada, "sin discriminación de categorías ni de necesidades de la empresa, que sería complementada con bajas incentivadas, es decir, justamente el resorte al que el informe del consejo (de "sabios") pedía renunciar por su demostrado efecto negativo en el pasado y su irracionalidad económica, al vaciar al servicio público de sus creadores y profesionales de mayor experiencia y valía".

Bustamente considera chocante la "obsesión" de la SEPI por centrar en buena medida la dura disminución de empleo sobre la reducción de los centros territoriales, "incluyendo la drástica jibarización de la talla de los centros de producción de Cataluña y Canarias".

Para el autor, esto evidencia una concepción "subsidiaria" de RTVE respecto a los canales autonómicos e incluso locales y resulta "absolutamente contradictoria con el informe del consejo".

"El plan de la SEPI", añade, "no solo traicionaba frontalmente propuestas esenciales del informe del consejo, sino también textos explícitos de la ley recién aprobada e incluso mociones apoyadas por mayoría en el Congreso, con apoyo del propio grupo socialista, como la que instaba al Gobierno a garantiar una estructura territorial para la correcta prestación y cumplimiento de las funciones de servicio público".